El Tribunal Constitucional alemán, contra Europa

Una vista en la Gran Sala de TJUE.

SURda

Economía

José Luis Carretero Miramar

 

 

Un brutal torbellino socioeconómico se ha desatado sobre Europa como resultado de la mortal pandemia del coronavirus. Un informe de Goldman Sachs pronostica una contracción del 9 % del PIB para la economía de la Eurozona en 2020. La que saldrá peor parada será Italia, con un desplome del 11,6 %, mientras la economía española, según el ubicuo banco de inversión norteamericano, se contraerá un 9,7 % y la francesa un 7,4 %.

El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en una columna en el Financial Times advierte a los líderes de la Unión de que “la pandemia de coronavirus es una tragedia humana de proporciones potencialmente bíblicas”, y que la respuesta comunitaria sólo puede pasar un por un significativo aumento coordinado de la deuda pública. Para él, “la única manera eficaz de abordar la situación con inmediatez pasa por la completa movilización de los sistemas financieros de los países, evitando demoras burocráticas”.

Sin embargo, la Unión Europea no termina de implementar una política solidaria común frente a la complejidad del reto representado por la expansión del Covid-19. Europa, un gigante herido, pero incompleto, que ha vivido hace pocos meses el trauma del Brexit y las recurrentes tensiones centrífugas alentadas por las fuerzas de ultraderecha, tiene enormes dificultades para configurar una respuesta a la altura de las circunstancias.

Las contradicciones que atraviesan el proyecto europeo son múltiples. La Unión Europea se diseñó, ya desde sus mismos tratados constitutivos, como un espacio abierto a la libre circulación de capitales, no sólo en el interior de la zona, sino también procedentes del exterior. Si a eso le añadimos la utilización de una moneda única configurada de manera extremadamente favorable a los intereses exportadores de Alemania y la ausencia de una política fiscal común, nos encontramos, reiteradamente, con una dinámica en la que cualquier crisis impacta de manera diferencial en los países del Norte y de la Periferia de la Unión, generando tensiones crecientes y potencialmente insolubles.

Los vimos en los años posteriores a 2008, cuando las primas de riesgo italiana o española amenazaron con acabar con la viabilidad del euro y Grecia se hundió en una catastrófica deriva hacia la pobreza. Sólo una respuesta unitaria, personificada en la declaración de Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, de que se iba a hacer “todo lo necesario”, pudo evitar el colapso e implosión del imperfecto proyecto de Estado-continente europeo.

 Pero el salvamento vino acompañado de fuertes condicionalidades, en la forma de planes de ajuste, recortes del gasto público y reformas laborales y de pensiones. Fueron las llamadas “políticas de austeridad”, exigencia fundamental de las élites financieras e industriales del Norte de Europa para rescatar a los bancos y a las dependientes economías de servicios de los países del Sur. Los desahucios, el paro de masas y el desmantelamiento creciente del Estado del Bienestar fueron el resultado de una década de reformas, recortes y privatizaciones. Recortes, muy señaladamente, también, en la Sanidad pública española, de lo que ahora hemos pasado a ser muy dolorosamente conscientes.

Y el problema es que ahora estamos en una nueva crisis, y las tensiones han reaparecido. Los debilitados sistemas públicos de salud del Sur de Europa, atenazados por la imposibilidad de los Estados miembros para realizar su propia política monetaria o para traspasar las enervantes exigencias de déficit del Tratado de Maastricht, no pueden hacer frente a la brutal extensión de la pandemia. Hacen falta recursos. Y algunos de los industriales y financieros del Norte quieren negociar contrapartidas.

Maratonianas reuniones se suceden en las altas instancias europeas. Holanda toma el papel de ogro desagradable para el Sur, mientras Alemania juega a mantener la Unión sin pagar demasiado a cambio. Los mediterráneos piden eurobonos, mutualizar los costes, rescates que no estén basados en la deuda y un gran Plan Marshall de reconstrucción de Europa.

La partida, en estos momentos, está al rojo vivo. El Banco Central Europeo ha decidido, pese a sus iniciales vacilaciones, poner en marcha un plan de compras de activos comunitarios de 750.000 millones de euros para salvar la moneda única. Su presidenta, Christine Lagarde afirma que “actuará como sea necesario y durante el tiempo que sea necesario”. La Unión, tras muchas tensiones políticas, decide poner en marcha varios instrumentos de ayuda a los Estados miembros, con condicionalidades “blandas”: créditos del MEDE (el Mecanismo de Estabilidad Europeo), un fondo de garantías del Banco Europeo de Inversiones de 200.000 millones de euros y un mecanismo temporal de reaseguro del desempleo comunitario para los trabajadores que estén en situación de suspensión en sus trabajos (como es el caso de los incluidos en los ERTEs y los autónomos españoles).

Los gobiernos mediterráneos insisten en la necesidad de los eurobonos u otros mecanismos de mutualización de la deuda, hacen notar que los créditos del MEDE presuponen el cumplimiento de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fuerzan a mantener el déficit público por debajo del 3%, lo que implica, en estas circunstancias, la temida “austeridad”;  y subrayan la necesidad de un seguro de desempleo europeo permanente, así como de una auténtica línea de solidaridad transcontinental basada en transferencias de renta y no en deuda.

Y, en este escenario de tensiones y forcejeos, entra en escena el Tribunal Constitucional alemán.

El día 5 de mayo, el Tribunal Constitucional germano dicta una sentencia que actúa como la explosión de un polvorín, en medio de una ciudad sitiada. Su fallo mantiene que el Banco Central Europeo se extralimitó en su mandato con su programa de compra de deuda pública, lanzado en 2015, bajo la presidencia de Draghi, para frenar el brutal colapso de la crisis iniciada en el 2008. El Constitucional alemán requiere al BCE para que justifique su actuación e insta al Bundesbank a interrumpir las compras que realiza a cuenta de ese mismo programa. Si el BCE no responde satisfactoriamente al Alto Tribunal germano, en el plazo otorgado para ello, afirma la sentencia, el Bundesbank deberá encontrar una forma consensuada para deshacerse de los bonos comprados en el marco del programa que están en su poder.

Con esta decisión, el Tribunal Constitucional alemán pone en crisis varios elementos centrales de la actual arquitectura europea. En primer lugar, sienta un precedente que podría ser utilizado contra el actual programa de compras del BCE relacionado con la crisis del coronavirus, ya que este es aún más laxo que el rechazado por la Corte. Pero, aún más, pone en cuestión la jerarquía jurídica de las normas y las instituciones en el interior de la Unión. El tribunal desoye una previa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha considerado justificado el programa del BCE en diciembre pasado, y lanza un requerimiento que se quiere imperativo a una institución comunitaria e independiente (el BCE) que, según los tratados de la Unión, no puede ser fiscalizada por las instituciones nacionales de los Estados miembros.

La independencia del Banco Central Europeo y el futuro de la Unión pasan a estar en juego. El BCE se niega a responder al Tribunal Constitucional alemán. La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, amenaza con multar al Estado germano y afirma “el Tribunal de Justicia de Luxemburgo siempre tiene la última palabra en materia legal en la Unión Europea. Me tomo esto muy en serio.”

Pero la canciller Angela Merkel siembra dudas. Afirma en una reunión con altos funcionarios de su partido que el fallo del Tribunal Constitucional germano es “solucionable” si el BCE atiende al requerimiento de la Corte y le explica su plan de compra de deuda. Un portavoz de su Ministerio de Finanzas indica que el gobierno alemán cumplirá con los requisitos fijados por la sentencia. El presidente del Bundesbank declara que “respetando la independencia del BCE” apoyará todos los esfuerzos para que este justifique su plan de compras ante el Constitucional alemán.

Alemania, por tanto, amenaza con poner el entero edificio institucional y jurídico de la Unión Europea patas arriba. Y lo hace desde la insolidaridad, desde una inconfesada vocación imperial que le hace pensar que los mercados protegidos que le brinda la existencia de la Unión Europea no han ser sufragados mediante el reciclado de sus excedentes industriales. Polonia y Hungría sonríen a la espera de que el caos desatado termine por descomponer el edifico jurídico que ha servido como freno a su deriva autoritaria interna.

Todo está en juego en esta intempestiva crisis del coronavirus. Europa tiembla, atenazada por las contradicciones del Brexit, del enfrentamiento Norte-Sur, de las tensiones con el grupo de Visegrado, de su incapacidad para construir un aparato de defensa propio y una política exterior común y de su pérdida tendencial de soberanía tecnológica. Encara ahora la rebatiña desatada por las élites sobre quién tiene que pagar las pérdidas derivadas de la pandemia,

Europa es una buena idea. Vivimos en un mundo de tiburones globales, de Estados-Continente como Rusia, China o los Estados Unidos de América, de fondos de inversión que manejan capitales inconmensurables. Sólo una Europa unida puede hacer frente a los grandes torbellinos que se apuntan en el horizonte, como la crisis ecológica, la Cuarta Revolución Industrial o el caos creciente de un mundo multipolar y desigual.

Pero lo que no está claro es que nos valga cualquier Europa. Estamos ante una Europa sin solidaridad, sin fiscalidad común, sin un Derecho del Trabajo que sirva como suelo legislativo, sin una defensa soberana e independiente. Pertenecemos a una Europa que desoye las llamadas a compartir la deuda, a la construcción de una renta básica de ciudadanía, a una profundización democrática y a una apuesta federal para el continente, que sólo puede estar basada en la convergencia hacia arriba de las condiciones de vida de los trabajadores europeos.

Afirma Mario Draghi en el Financial Times que, en estas circunstancias “el coste de vacilar podría ser irreversible”. La austeridad puso en cuestión la idea de Europa la década pasada. Y el Tribunal Constitucional alemán, ahora, la puede empujar al abismo.